El abogado presentó una demanda en los Tribunales Provinciales para que la escuela Pública a la que asiste la menor cuente con una maestra integradora, aceptada por la obra social y negada por el Ministerio de Educación.
Representando a Silvia, mamá de Nair, una nena de 12 años con discapacidad, el abogado constitucionalista Roberto Sukerman inició una acción de amparo en los tribunales provinciales para que la escuela pública a la que asiste la menor cuente con una maestra integradora, aceptada por la obra social y negada por el Ministerio de Educación.
El letrado indicó que «lamentablemente estas situaciones se repiten mucho, muy a menudo, marginando a niños y niñas que deben ser integrados en las escuelas. Hace seis años también representamos el reclamo de una madre cuyo hijo con Síndrome de Down no podía acceder a una escuela pública porque no contaban con maestras integradoras. En 2014, y luego de las denuncias recibidas, también elevé un decreto aprobado por el cuerpo legislativo donde le pedíamos al Ministerio de Educación que facilite el ingreso de maestras integradoras».
Muchos casos
En el caso de Nair, Sukerman aseguró que «tuvimos que hacer una acción de amparo ante la postura negativa de la escuela y el Ministerio para que acceda a una educación con verdadera inclusión. Pero tenemos en claro que su caso representa también a todos los niños y niñas que en vez de ser integrados debidamente, son expulsados del sistema público, debiendo recalar, aquellos que pueden llegar a pagarlo, en el sistema privado».
El precandidato a concejal remarcó que «el decreto 2703/2010 de la provincia determina que el Ministerio de Educación debe generar los mecanismos para facilitar la integración de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en la educación pública, tanto de gestión estatal, como de gestión privada. Asimismo, la Ley Nacional de Educación 26.206, garantiza una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, y brinda a las personas con discapacidad, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo y pleno ejercicio de sus derechos. Todo esto está garantizado en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que goza de jerarquía constitucional».
Fuente: La Capital