Es un novenoso marco regulatorio que crea una Comisión de Garantías para así resguardar los derechos individuales. Los grandes comercios pueden realizar convenios con la Municipalidad aportando nuevas cámaras al servicio de monitoreo. También prevé el otorgamiento de un Certificado de Habilitación para el uso y funcionamiento de los sistemas de captación de imágenes de los privados que quieran tenerlo o que ya cuenta con él. La instalación de las videocámaras debe hacerse siguiendo el mapa del delito y es potestad del estado.
El objetivo es asegurar la convivencia ciudadana en los espacios públicos o privados de acceso público y regular la instalación, instrumentación y uso de la captación de imágenes mediante cámaras. Regulación que hasta ahora no existía a nivel municipal y es imprescindible implementar medidas de regulación y control para que esas imágenes no vulneren los derechos al honor, a la intimidad y privacidad de las personas. En este contexto de búsqueda del equilibrio entre seguridad, derechos y libertades es que propusimos la creación de una Comisión de Garantías de Video Vigilancia, con la intención de garantizar que la utilización de los sistemas de captación de imágenes del centro de monitoreo no se traduzca en un sacrificio excesivo y desproporcionado de los derechos y libertades de cada individuo.