El gobernador Lifschitz anunció que aceptaría recibir obras en parte de pago de la deuda que la Nación mantiene con la provincia y que en vez de los $54 mil millones originalmente reclamados se recibirían en efectivo sólo $31.900 millones. De ser aceptada esa propuesta, Rosario en vez de percibir algo más de $2.100 millones sería acreedora de $1.250 millones. ¿Qué pasará con los $850 millones restantes? ¿También se recibirán obras?
De más está decir que esta propuesta deja sabor a poco para los rosarinos, pero no hace falta aclararlo demasiado, ya que de eso se encargó el propio ex gobernador Bonfatti que denunció que una oferta de este estilo “es un chiste que no resiste ni un tribunal de cuentas”. Bonfatti, a su vez, sería uno de los encargados de votar la aceptación o el rechazo de la misma ya que Lifschitz aclaró que sometería la misma a la decisión de ambas cámaras, así que lo que opine el actual diputado no tiene un carácter meramente simbólico.
En nuestra ciudad, no estamos acostumbrados al tratamiento legislativo de este tipo de cuestiones ya que la intendenta Fein decidió endeudarnos en $950 millones en 2017, sin siquiera consultar al Concejo Municipal. No obstante, lo que sí conocemos en Rosario es el resultado de la gestión conjunta de obras entre el socialismo y el PRO que no pudieron ni siquiera terminar de embellecer el monumento a la bandera. Nos preocupa que la aceptación del pago de deuda en obras derive en que los $850 millones que Rosario debería recibir en efectivo vengan a la ciudad en formas de obras lentas, caras y mal terminadas. Porque para muestra sólo hace falta un botón o, en este caso, una bandera.
En el mismo sentido, la Intendenta Fein anunció este año en el inicio de sesiones del Concejo Municipal que el mes de marzo sería un mes histórico ya que Nación debería hacer la oferta final para pagar lo adeudado. Al margen del hecho de que luego de transcurridos 4 meses todavía no se haya resuelto la cuestión, incluso cuando la provincia ya adhirió a un pacto fiscal a todas luces nocivo, importa que en ese entonces la Intendenta hizo otro anuncio. Allí, se comprometió a realizar obras con los fondos recibidos y a distribuirlas en la ciudad de acuerdo al índice de carencia por distrito que se utiliza en el presupuesto participativo para priorizar la asignación de fondos a aquél territorio que más lo necesita. Al mismo tiempo, Fein se fue más allá y planteó: “por qué no animarnos a pensar en un mecanismo de consulta popular que les permita a los vecinos y vecinas definir la agenda de prioridades.”
¿Cómo haremos los rosarinos y rosarinas para definir qué obras y que territorio consideramos prioritarias, si en el acuerdo que el gobernador quiere sellar corremos el riesgo de que las obras a realizar las determine la Nación? Hoy Rosario, producto de una mala gestión financiera, se encuentra muy endeudada y no le sobran fondos precisamente. Por ello, nuestra ciudad no está para darse el lujo de resignar $850 millones y menos aún, para dejar que se decida en Capital Federal que uso debe hacer de sus recursos.